Appello alla solidarietà - 18/08/2008
Diffondiamo l'appello inviatoci dall'ACIN, Asociacion de Cabildos Indigena del Cauca sulla grave situazione di minaccia che stanno subendo le comunità della regione.
Nelle ore pomeridiane dell'11 agosto scorso è arrivata alla casella di posta elettronica della ACIN una grave lettera di minaccia firmata dal CEC (Campesinos Embejucados del Cauca), nella quale si annuncia che “nelle prossime ore saranno inviate altre informazioni sulla morte di militanti del CRIC”.
Le minacce, contenute in una lettera di 7 pagine enunciano un contenuto pieno di odio e razzismo, con il chiaro intento di diffamare il processo indigena attraverso un clima di terrore. Il contesto dal quale questa lettera proviene è quallo della parapolitica, con la chiara collusione del governo.
Le minacce al movimento indigeno da parte del presidente della repubblica Uribe, che ordina il pagamento di ricompense a chi partecipa al processo di "liberazione della madre terra" sono chiaramente dietro le minacce ricevute. Le recenti confessioni del paramilitare Orlando Villa Zapata coinvolto nel massacro di El Nilo ha svelato che il crimine fu pianificato nella hacienda La Emperatriz in presenza dei suoi proprietari.
L'assassinio di oltre 25 giovani in una settimana a Santander de Quilichao e il massacro commesso a El Tambo durante il fine ettimana scorso sono costati assieme la vita a oltre 35 persone. questo si unisce alle crescenti minacce contro leader indigeni del Nord del Cauca. La lettera di minaccia si basa inoltre sulle dichiarazioni infondate del Generale Jaime Esguerra, che denunciano falsi vincoli tra funzionari del consiglio indígeno di Toribío al sesto fronte delle FARC.
La lettura della lettera ci obbliga a fare un appello di Massima Allerta ai leader indigeni ed agli abitanti delle comunità indigene del Cauca e del Valle, Tolima, Putumayo e Huila, oltre che di Cali, Popayán e Bogotá. Tutto conduce a ritenere che la lettera arrivi da latifondisti e paramilitari in collusione con il governo.
Convochiamo urgentemente i movimento sociali colombiani ed internazionali ad esprimerci solidarietà ed appoggio. Una azione corale e solidale ci permetterà di rivelare l'origine della minaccia ottenendo giostizia contro queste azioni criminali.
Ancora una volta, chi dovrebbe proteggerci ci perseguita e minaccia. La página web www.nasaacin.org è stata bloccata, come anche l'accesso ad internet delle varie sedi di ACIN.
La lettera in questione non è stata scritta da contadini, come rivela il linguaggio utilizzato. Reiteriamo la nostra solidarietà con gli afrocolombiani e i contadini ai quali ci unisce la lotta per la giustizia sociale, la libertà, la resistenza contro il potere latifondista che vuole condannarci al silenzio e allo spoglio attraverso il terrore.
Per la Vita, la Pace, la Libertà della Madre Terra, difendiamo la Dignità, l'Unità e chiamiano alla resistenza.
Convochiamo il Movimento Indigeno e Popolare Nazionale a tutti i popoli del continente ad accompagnarci in questi momenti difficili nei quali in potere si scaglia con violenza contro le nostre storiche lotte per difendere la nostra terra. RESISTEREMO!
Consiglio Regionale Indigeno del Cauca (CRIC)
Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (ACIN, Cxab Wala Kiwe)
giovedì 21 agosto 2008
mercoledì 20 agosto 2008
LA MUERTE Y EL TERROR SE SIGUEN SEMBRANDO CADA DIA EN URABA
Los diversos medios de comunicación hablan los últimos días sobre las verdades que siempre dijimos en relación a la masacre del 21 de febrero de 2005, cuando el ejército asesino a ocho personas, siete de ellas pertenecientes a nuestra comunidad. La verdad ha salido a relucir cada día y ha mostrado como fue una masacre orquestada y dirigida contra la destrucción de nuestro proceso desde niveles muy altos del Estado, por ello la complicidad y la desviación de la investigación que se pretendió hacer desde el gobierno a este horror. Sin embargo estas informaciones que no son nuevas que solamente reafirman la verdad de lo que dijimos, muestran como si estos hechos de terror hubieran quedado en el pasado, lamentablemente la realidad actual sigue en las mismas circunstancias de muerte y terror con el amparo de las instituciones del Estado que callan y hacen total omisión.
Nos queda nuevamente la obligación ante la historia de dejar constancia de todos los hechos para que la verdad permita en algún momento a la humanidad juzgar todas estas atrocidades.
- El 19 de agosto hacia las 8.45 p.m. se presentaron combates entre la fuerza pública y la guerrilla junto a San José, según informaciones de defensoría. El combate se prolongo por espacio de 15 minutos, San José se encuentra a diez minutos caminando de San Josesito lugar de la comunidad
- El 17 de agosto hacia las 7 p.m. fueron asesinadas dos personas en Nueva Antioquia por los paramilitares, el ejército no permitía que la gente se acercara a reconocer a las personas. Es de aclarar que allí hacen presencia permanente, continua y de convivencia la policía, el ejército y los paramilitares.
- El 14 y 15 de agosto 60 paramilitares con ropa camuflada y arma larga hicieron presencia en las veredas Playa Larga y la Esperanza (esta última perteneciente a nuestra comunidad y a cuatro horas de Nueva Antioquia), en la Esperanza llegaron a tres casas de miembros de la comunidad y preguntaron que donde estaba la guerrilla, que ellos (los paramilitares) tenían que hacer salir a la gente de la zona si no trabajaban con ellos especialmente la gente de Mulatos, la Esperanza y Resbaloza, que tenían que realizar una acción contundente contra esa gente que era pura guerrilla. Después de ello bajaron nuevamente a Nueva Antioquia.
- Desde el 3 de agosto el ejército realiza a la salida de Nueva Antioquia empadronamientos con toda la gente que baja a dicho caserío. Los paramilitares por su parte realizan dentro de Nueva Antioquia control de la alimentación, cobran impuestos a los productos que bajan los campesinos a vender, todo esto a la luz pública delante del ejército y la policía.
Los hechos hablan por sí mismos, demostrando que el actuar paramilitar sigue más vivo que nunca que las acciones de convivencia entre la fuerza pública y el paramilitarismo es total, que las acciones de guerra se mantienen en la zona colocando en grave riesgo a la población civil contradiciendo las falsas afirmaciones del gobierno que dice que es una región ya en calma y en paz.
Nos preocupan las amenazas de los paramilitares a los retornos de Mulatos, Resbaloza y la Esperanza que coinciden con las mismas amenazas hechas por los militares en días anteriores. Nueva Antioquia ha sido un bastión paramilitar durante muchos años con la complicidad del Estado y que ante las constancias que hemos hecho no ha realizado absolutamente nada, en el 2005 antes de la masacre denunciábamos ese accionar paramilitar y la fuerza pública y ocurrió días después la masacre. Los asesinos partieron de Nueva Antioquia en el 2005, hoy nuevamente desde allí las amenazas de muerte contra la comunidad se reafirman por estos asesinos sin que se haga nada. Las muertes continúan sin que se para el exterminio a la población civil.
Efectivamente se quiere implantar una paz de sepulcros a la que nos negamos rotundamente, pese a las amenazas, a la impunidad y las acciones de guerra, todo esto por el contrario nos reafirma y nos dan la razón en nuestros principios de neutralidad, de solidaridad, de no a la impunidad, de no a la muerte y si a la vida.
Agradecemos la solidaridad nacional e internacional que nos anima a continuar construyendo alternativas en medio de un conflicto armado que padecemos diariamente y que busca aniquilarnos.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Agosto 20 de 2008
http://www.cdpsanjose.org
Nos queda nuevamente la obligación ante la historia de dejar constancia de todos los hechos para que la verdad permita en algún momento a la humanidad juzgar todas estas atrocidades.
- El 19 de agosto hacia las 8.45 p.m. se presentaron combates entre la fuerza pública y la guerrilla junto a San José, según informaciones de defensoría. El combate se prolongo por espacio de 15 minutos, San José se encuentra a diez minutos caminando de San Josesito lugar de la comunidad
- El 17 de agosto hacia las 7 p.m. fueron asesinadas dos personas en Nueva Antioquia por los paramilitares, el ejército no permitía que la gente se acercara a reconocer a las personas. Es de aclarar que allí hacen presencia permanente, continua y de convivencia la policía, el ejército y los paramilitares.
- El 14 y 15 de agosto 60 paramilitares con ropa camuflada y arma larga hicieron presencia en las veredas Playa Larga y la Esperanza (esta última perteneciente a nuestra comunidad y a cuatro horas de Nueva Antioquia), en la Esperanza llegaron a tres casas de miembros de la comunidad y preguntaron que donde estaba la guerrilla, que ellos (los paramilitares) tenían que hacer salir a la gente de la zona si no trabajaban con ellos especialmente la gente de Mulatos, la Esperanza y Resbaloza, que tenían que realizar una acción contundente contra esa gente que era pura guerrilla. Después de ello bajaron nuevamente a Nueva Antioquia.
- Desde el 3 de agosto el ejército realiza a la salida de Nueva Antioquia empadronamientos con toda la gente que baja a dicho caserío. Los paramilitares por su parte realizan dentro de Nueva Antioquia control de la alimentación, cobran impuestos a los productos que bajan los campesinos a vender, todo esto a la luz pública delante del ejército y la policía.
Los hechos hablan por sí mismos, demostrando que el actuar paramilitar sigue más vivo que nunca que las acciones de convivencia entre la fuerza pública y el paramilitarismo es total, que las acciones de guerra se mantienen en la zona colocando en grave riesgo a la población civil contradiciendo las falsas afirmaciones del gobierno que dice que es una región ya en calma y en paz.
Nos preocupan las amenazas de los paramilitares a los retornos de Mulatos, Resbaloza y la Esperanza que coinciden con las mismas amenazas hechas por los militares en días anteriores. Nueva Antioquia ha sido un bastión paramilitar durante muchos años con la complicidad del Estado y que ante las constancias que hemos hecho no ha realizado absolutamente nada, en el 2005 antes de la masacre denunciábamos ese accionar paramilitar y la fuerza pública y ocurrió días después la masacre. Los asesinos partieron de Nueva Antioquia en el 2005, hoy nuevamente desde allí las amenazas de muerte contra la comunidad se reafirman por estos asesinos sin que se haga nada. Las muertes continúan sin que se para el exterminio a la población civil.
Efectivamente se quiere implantar una paz de sepulcros a la que nos negamos rotundamente, pese a las amenazas, a la impunidad y las acciones de guerra, todo esto por el contrario nos reafirma y nos dan la razón en nuestros principios de neutralidad, de solidaridad, de no a la impunidad, de no a la muerte y si a la vida.
Agradecemos la solidaridad nacional e internacional que nos anima a continuar construyendo alternativas en medio de un conflicto armado que padecemos diariamente y que busca aniquilarnos.
COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
Agosto 20 de 2008
http://www.cdpsanjose.org
mercoledì 6 agosto 2008
PACHAMAMA, LA MADRE DI TUTTI I VIVENTI – UN INCONTRO CON LA CULTURA INDIGENA
"La delle culture originarie del mondo è, per la sua pratica vissuta di amore al mondo, la miglior garanzia per il ristabilimento della salute della Terra. Per questo l’ affermazione delle culture originarie è anche l’ affermazione della vita sulla terra. E.Grillo Fernandez – "
Fondazione Neno Zanchetta per i diritti dei popoli indigeni amerindi
Invito alla mostra sul tema:
PACHAMAMA, LA MADRE DI TUTTI I VIVENTI – UN INCONTRO CON LA CULTURA INDIGENA
Piazza San Martino , sala della Banca del Monte (g.c.) nell’ ex sede Lazzi
27-29 agosto 2008 ore 10-12,30 / 15-18,30
Il giorno venerdì 29 agosto Aldo Gonzales Rojas, indigeno zapoteco della Union de Organizaciones de la Sierra Juarez, esponente di spicco del movimento di difesa del mais nativo messicano, parlerà alle ore 17,30 sul tema della campagna messicana:
SENZA MAIS NON C’E’ PAESE, illustrando la particolare relazione dei popoli indigeni con la Madre Terra.
Nella sala della mostra saranno esposti 15 pannelli illustranti temi relazionati con la cosmovisione dei popoli amerindi sulla terra e sugli esseri che la abitano e verranno proiettati documentari sul tema. Nei giorni 27 e 28 pomeriggio aldo Gonzales sarà a disposizione per scambi di vedute e informazioni.
Sarà anche presentato il libro curato da Aldo Zanchetta :
America Latina, la riscossa de los de abajo. Movimenti sociali e popoli indigeni.
Fondazione Neno Zanchetta per i diritti dei popoli indigeni amerindi
Invito alla mostra sul tema:
PACHAMAMA, LA MADRE DI TUTTI I VIVENTI – UN INCONTRO CON LA CULTURA INDIGENA
Piazza San Martino , sala della Banca del Monte (g.c.) nell’ ex sede Lazzi
27-29 agosto 2008 ore 10-12,30 / 15-18,30
Il giorno venerdì 29 agosto Aldo Gonzales Rojas, indigeno zapoteco della Union de Organizaciones de la Sierra Juarez, esponente di spicco del movimento di difesa del mais nativo messicano, parlerà alle ore 17,30 sul tema della campagna messicana:
SENZA MAIS NON C’E’ PAESE, illustrando la particolare relazione dei popoli indigeni con la Madre Terra.
Nella sala della mostra saranno esposti 15 pannelli illustranti temi relazionati con la cosmovisione dei popoli amerindi sulla terra e sugli esseri che la abitano e verranno proiettati documentari sul tema. Nei giorni 27 e 28 pomeriggio aldo Gonzales sarà a disposizione per scambi di vedute e informazioni.
Sarà anche presentato il libro curato da Aldo Zanchetta :
America Latina, la riscossa de los de abajo. Movimenti sociali e popoli indigeni.
sabato 2 agosto 2008
Verdades de la masacre de San José de Apartadó
1 Ago 2008 - 10:10 pm
Testimonios de ex paramilitares salpicaron a miembros de la XVII Brigada en los hechos
Por: Redacción Judicial
Foto: El Colombiano
Procuraduría elevó pliego de cargos contra nueve militares por la incursión paramilitar de febrero de 2005. Se ordenaron nuevas investigaciones a dos compañías del Ejército.
La masacre de San José de Apartadó fue perpetrada en febrero de 2005 por los paramilitares en complicidad, al parecer, con miembros de la XVII Brigada del Ejército.
Casi 42 meses después de la brutal masacre de 8 campesinos en la Comunidad de Paz de San José de Apartado, en hechos ocurridos el 21 y el 22 de febrero de 2005, la Procuraduría General de la Nación, apoyada en la investigación que paralelamente ha venido realizando un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, y dentro de la cual hay varios oficiales y suboficiales detenidos, concluyó que existen evidencias sólidas que comprometen a por lo menos nueve militares con 60 miembros del bloque Héroes de Tolová de las autodefensas, que perpetraron el múltiple asesinato.
En una providencia de 89 páginas, firmada el pasado 18 de julio, el procurador general encargado, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, profirió pliego de cargos en contra del teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán, los capitanes Guillermo Gordillo Sánchez y Óscar Gerardo Omaña García y otros seis suboficiales por graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, luego de que se comprobara que facilitaron la incursión de las autodefensas, quienes ejecutaron a ocho civiles ajenos al conflicto armado, tras torturarlos y posteriormente desmembrarlos y enterrarlos en una fosa común.
La masacre causó un impacto nacional porque la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se consideraba ajena al conflicto y armado y un territorio neutral. Además, sus miembros gozaban de medidas cautelares y provisionales impuestas al Estado colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el 21 y 22 de febrero de 2005, un comando de 60 paramilitares arribó a la Comunidad y perpetró con sevicia la masacre, como lo señaló en su providencia la Procuraduría.
En la incursión fueron asesinados Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza, Alfonso Bolívar Tuberquia, Deiner Andrés Guerra, de 11 años; Natalia Tuberquia, de 5 años, y Santiago Tuberquia, de apenas 21 meses de edad. Según la investigación, “se trató del sometimiento por la fuerza de unos civiles ajenos a la confrontación, entre los que se destacan una menor de 5 años y otro de 1 año, que luego fueron ejecutados en condiciones de indefensión y sus cuerpos desmembrados y enterrados en una fosa común”.
Las declaraciones que le entregaron a la justicia los paramilitares Adriano José Cano Arteaga, alias Melaza; Samuel Agudelo Puerta, Jorge Luis Salgado, alias Kiko, y Joel José Vargas, alias Pirulo, fueron fundamentales para asignar responsabilidades a los nueve miembros de las Fuerzas Militares que cohonestaron la masacre. De hecho, el capitán Guillermo Armando Gordillo, entonces comandante de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47, en diligencia de sentencia anticipada en la Fiscalía el pasado 30 de julio, aceptó su responsabilidad en la incursión paramilitar y se acogió a sentencia anticipada.
Al expediente también se allegaron varias interceptaciones telefónicas (ver nota anexa) que corroboran no sólo la facilitación de varios militares en la masacre, sino que además revelan que ésta se planeó con muchos días de anticipación. El relato de alias Pirulo fue el que más detalles aportó al proceso. Según él, llegaron a la Comunidad persiguiendo a varios guerrilleros de las Farc, para lo cual montaron una emboscada en la que fueron retenidos Luis Eduardo Guerra, su esposa Bellanira Areiza y su hijo Deiner Andrés, a quienes los ‘paras’ les preguntaron por la guerrilla, “luego dieron la orden de asesinarlos, siendo degollados”.
Luego, el jefe paramilitar alias Cuatro-Cuatro ordenó que se disparara contra una casa de la comunidad mientras algunos miembros del Ejército lanzaron una granada y fue cuando, según Pirulo, encontraron a un hombre agonizando y a una mujer muerta en la casa. En ese lugar estaban dos niños. Alias Cuatro-Cuatro pidió permiso para asesinarlos y así ocurrió. Por último, decapitaron a su padre, Alfonso Bolívar Tuberquia. Dice la Procuraduría que el desmembramiento de los cuerpos de estas personas “denota el grado de barbarie de sus victimarios”.
Los militares salpicados en el escándalo reconocieron que sí patrullaron con integrantes del bloque Héroes de Tolová, que algunos les servían de guías e informantes, pero rechazaron haber participado en la masacre. Su versión no fue probada. Lo que sí quedó claro es que el teniente coronel Orlando Espinosa y sus hombres facilitaron la despiadada incursión paramilitar, porque “no sólo han debido abstenerse de tener vínculos con el grupo paramilitar al que le atribuyen las violaciones, sino que además debieron impedir la consumación de la masacre”, advirtió la Procuraduría.
El Ministerio Público, asimismo, le pidió a la Fiscalía investigar a todos los miembros de las compañías Bolívar y Anzoátegui del Batallón de Infantería Nº 47 que, al parecer, también estuvieron en la Comunidad de San José de Apartadó y que eventualmente habrían colaborado para facilitar la masacre. La decisión de la Procuraduría fue recibida por varias ONG como un avance sustancial para conocer la verdad de los trágicos hechos ocurridos en febrero de 2005.
Militar aceptó cargos por la masacre
Ante un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario aceptó su responsabilidad por el delito de concierto para delinquir y homicidio en persona protegida, y se acogió a sentencia anticipada, el capitán en retiro del Ejército Nacional Guillermo Armando Gordillo Sánchez, en relación con la masacre de San José de Apartadó ocurrida en 2005. El ex oficial dijo que se reunió con los integrantes del Bloque Héroes de Tolová que efectuaron la acción criminal, pero fue enfático en afirmar que aunque no detuvo ni impidió los asesinatos, como era su deber legal, “yo no mate a esas ocho personas ni cometí el descuartizamiento al que fueron sometidas”.
Por esos hechos ya habían sido cobijados con medida de aseguramiento los tenientes del Ejército Alejandro Jaramillo Giraldo y Jorge Humberto Milanés Vega, y los suboficiales Henry Audelo Cuasmayán Ortega, Ricardo Bastidas Candia, Ángel Padilla Petro y Sabaraín Cruz Reina, miembros del batallón Vélez. Asimismo los ex paramilitares Jorge Luis Salgado y Joel José Vargas Flórez, quienes están detenidos.
Se había declarado ‘comunidad de paz’
Los asesinatos selectivos y las masacres que fueron cometidas durante los años 80 y 90 en Urabá, llevaron a que los pobladores de San José de Apartadó se declararan neutrales frente a cualquiera de los actores del conflicto, incluido también el Ejército Nacional. En este último caso los pobladores aseguraban que tampoco se sentían protegidos por la fuerza pública. Desde finales de 1996, con la colaboración de la misma Diócesis de Apartadó, los habitantes de la localidad, ubicada entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, comenzaron a analizar la posibilidad de convertirse en una comunidad de paz.
Finalmente, el 23 de marzo de 1997, fue firmada la declaratoria en una ceremonia solemne, que contó con la asistencia de algunos parlamentarios holandeses. Sin embargo los crímenes continuaron, al punto que en octubre de 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó urgentemente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para proteger a esa comunidad. No obstante la situación no cambió sustancialmente y en febrero de 2005 nuevamente sufrió una masacre.
Capitán (r) del Ejército aceptó su responsabilidad por masacre de San José de Apartadó
Guillermo Armando Gordillo confesó a la Fiscalía su participación en el asesinato de ocho personas, entre ellas tres niños.
Según la Fiscalía "aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir".
En la masacre fueron asesinados Luis Eduardo Guerra Guerra, su compañera Beyanira Areiza, y su hijo Deyaner Andrés Guerra Tuberquía. También murieron Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo, y sus hijos Natalia y Santiago, así como el señor Alejandro Pérez.
"El hoy procesado era el responsable de la Compañía Bolívar del Batallón Vélez de la XVII Brigada del Ejército, y estaba cumpliendo el operativo contrainsurgente "Fénix" en el área mencionada", dice la Fiscalía.
Según la Fiscalía "aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir".
En la masacre fueron asesinados Luis Eduardo Guerra Guerra, su compañera Beyanira Areiza, y su hijo Deyaner Andrés Guerra Tuberquía. También murieron Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, su esposa Sandra Milena Muñoz Pozo, y sus hijos Natalia y Santiago, así como el señor Alejandro Pérez.
"El hoy procesado era el responsable de la Compañía Bolívar del Batallón Vélez de la XVII Brigada del Ejército, y estaba cumpliendo el operativo contrainsurgente "Fénix" en el área mencionada", dice la Fiscalía.
martedì 8 luglio 2008
Udienza del nord del Cauca: un precedente per il rispetto della vita e dei territori indigeni
SIEC. Attualità etnica, Corinto / Cauca, 04/07/2008.
Lo scorso 4 luglio, le autorità e le comunità indigene del nord del Cauca hanno tenuto, a Corinto, un’Udienza Pubblica nel corso della quale hanno denunciato la situazione di violazione dei diritti umani, lo sfruttamento delle risorse naturali e il conflitto armato e sociale del quale sono state vittime. Circa 5.000 persone hanno accompagnato gli indigeni all’Udienza per la vita, la dignità e la permanenza nei propri territori e per il consolidamento dei propri piani di vita.
Julio Cesar Tumbo, governatore del Cabildo indigeno di Corinto, in un’intervista con Attualità Etnica, si è dimostrato soddisfatto dell’appoggio ricevuto, tra gli altri, da parte delle organizzazioni sociali, delle comunità indigene, contadine e afrocolombiane, delle Nazioni Unite, della Commissione dei Diritti Umani del Senato della Repubblica, del Difensore del Popolo Regionale, delle diverse organizzazioni indigene e dei senatori amici.
Il fine dell’Udienza era quello di denunciare la violazione dei Diritti Umani da parte degli attori armati, legali e illegali, contro le comunità della regione. “Denunciamo anche la violazione del diritto alla vita e non solo la vita delle persone, ma anche quella dell’ambiente. Nel nostro territorio si sta progettando un affare intorno alle risorse naturali (l’acqua, l’ossigeno e le miniere) che obbedisce alle politiche delle multinazionali e del capitalismo”, ha detto Tumbo.
Il Cabildo maggiore di Corinto ha affermato che per garantire lo sviluppo di questi progetti si ricorre alla militarizzazione dei territori dei contadini, degli indigeni e degli afrocolombiani. “Questo dà luogo a scontri con gli attori armati e, dove non ci sono scontri, le forze armate inscenano delle farse, che noi abbiamo denunciato, come è accaduto quando in alcune regioni, hanno minato dei campi e incolpato di ciò la guerriglia. Anche la guerriglia ha minato campi e fattorie”
Le autorità indigene hanno denunciato innumerevoli violazioni dei diritti umani contro le proprie comunità, assassini degli appartenenti alle comunità e dei leaders, spostamenti forzati, minacce e assedi da parte degli attori armati. “La guerriglia e le forze pubbliche stanno costringendo le persone ad andarsene. Abbiamo il problema che tanto la guerriglia come le forze dell’ordine hanno a che fare con i laboratori di lavorazione della cocaina e i nostri giovani sono reclutati con la forza dall’una e dall’altra parte”, ha affermato il leader indigeno.
Le autorità indigene hanno denunciato la presenza simultanea, in questa zona del Cauca, della guerriglia e delle forze pubbliche, che mettono in pericolo la vita delle persone e di tutto l’ambiente. Il Cabildo Mayor di Corinto ha registrato vari casi in cui l’esercito ha recentemente assassinato gli appartenenti alla comunità e altre occasioni in cui gli indigeni sono stati presi e aggrediti dall’esercito e che sono stati salvati grazie all’intervento opportuno da parte della comunità. Ha inoltre denunciato le aggressioni della guerriglia contro le comunità, che sono state vittime di congegni esplosivi fatti esplodere dai membri della guerriglia stessa.
Il governatore Tumbo ha detto che questa e un’altra serie di fatti sono stati denunciati nel corso dell’udienza alla presenza di diverse organizzazioni sociali, di organizzazioni che si occupano di diritti umani, delle comunità internazionale e della società in generale. “Abbiamo lasciato un precedente e soprattutto abbiamo richiesto il diritto e il rispetto della vita e che ci lascino vivere in pace nei nostri territori”, ha espresso.
Il governatore Tumbo ha spiegato che è necessario puntualizzare ancora alcuni compiti. “Ci sono dei mandati del popolo e delle organizzazioni indigene che devono essere portati a compimento, come la liberazione della madre terra che stiamo portando avanti nel nord del Cauca e in altre zone del dipartimento. Un altro mandato e un compito di questa pubblica udienza è l’unione e la coordinazione con altri settori per proseguire la lotta. La violazione dei diritti umani non riguarda soltanto le comunità indigene, ma anche le comunità contadine, afrocolombiane, e diverse organizzazioni sociali. Abbiamo accertato che la politica di Sicurezza Democratica è per noi una politica di morte e quindi lotteremo insieme a loro. Ci saranno dei tavoli di concertazione tra le organizzazioni sociali. L’orizzonte è unico, nonostante le numerose differenze. Questo è quello che puntualizzeremo per resistere uniti con altri settori come, tra gli altri, il magistero, i lavoratori della canna dello zuchero, le comunità negre e contadine e la chiesa e in questo modo renderemo operativi i compiti che restano come conclusione di questa udienza”.
Il governatore ha puntualizzato che da questo momento in avanti il Consiglio Regionale Indigeno del Cauca, l’Autorità Nazionale del Governo Indigeno, l’Associazione dei Cabildos Indigeni del Nord del Cauca, i senatori della repubblica indipendenti e altre organizzazioni di base si assumono il compoito di riunirsi molto presto per tirare le conclusioni dell’udienza e portarle davanti non solo alle Corti nazionali, ma anche ai Tribunali Internazionali che hanno a che fare con tutto ciò che le comunità hanno denunciato nel corso dell’udienza.
Lo scorso 4 luglio, le autorità e le comunità indigene del nord del Cauca hanno tenuto, a Corinto, un’Udienza Pubblica nel corso della quale hanno denunciato la situazione di violazione dei diritti umani, lo sfruttamento delle risorse naturali e il conflitto armato e sociale del quale sono state vittime. Circa 5.000 persone hanno accompagnato gli indigeni all’Udienza per la vita, la dignità e la permanenza nei propri territori e per il consolidamento dei propri piani di vita.
Julio Cesar Tumbo, governatore del Cabildo indigeno di Corinto, in un’intervista con Attualità Etnica, si è dimostrato soddisfatto dell’appoggio ricevuto, tra gli altri, da parte delle organizzazioni sociali, delle comunità indigene, contadine e afrocolombiane, delle Nazioni Unite, della Commissione dei Diritti Umani del Senato della Repubblica, del Difensore del Popolo Regionale, delle diverse organizzazioni indigene e dei senatori amici.
Il fine dell’Udienza era quello di denunciare la violazione dei Diritti Umani da parte degli attori armati, legali e illegali, contro le comunità della regione. “Denunciamo anche la violazione del diritto alla vita e non solo la vita delle persone, ma anche quella dell’ambiente. Nel nostro territorio si sta progettando un affare intorno alle risorse naturali (l’acqua, l’ossigeno e le miniere) che obbedisce alle politiche delle multinazionali e del capitalismo”, ha detto Tumbo.
Il Cabildo maggiore di Corinto ha affermato che per garantire lo sviluppo di questi progetti si ricorre alla militarizzazione dei territori dei contadini, degli indigeni e degli afrocolombiani. “Questo dà luogo a scontri con gli attori armati e, dove non ci sono scontri, le forze armate inscenano delle farse, che noi abbiamo denunciato, come è accaduto quando in alcune regioni, hanno minato dei campi e incolpato di ciò la guerriglia. Anche la guerriglia ha minato campi e fattorie”
Le autorità indigene hanno denunciato innumerevoli violazioni dei diritti umani contro le proprie comunità, assassini degli appartenenti alle comunità e dei leaders, spostamenti forzati, minacce e assedi da parte degli attori armati. “La guerriglia e le forze pubbliche stanno costringendo le persone ad andarsene. Abbiamo il problema che tanto la guerriglia come le forze dell’ordine hanno a che fare con i laboratori di lavorazione della cocaina e i nostri giovani sono reclutati con la forza dall’una e dall’altra parte”, ha affermato il leader indigeno.
Le autorità indigene hanno denunciato la presenza simultanea, in questa zona del Cauca, della guerriglia e delle forze pubbliche, che mettono in pericolo la vita delle persone e di tutto l’ambiente. Il Cabildo Mayor di Corinto ha registrato vari casi in cui l’esercito ha recentemente assassinato gli appartenenti alla comunità e altre occasioni in cui gli indigeni sono stati presi e aggrediti dall’esercito e che sono stati salvati grazie all’intervento opportuno da parte della comunità. Ha inoltre denunciato le aggressioni della guerriglia contro le comunità, che sono state vittime di congegni esplosivi fatti esplodere dai membri della guerriglia stessa.
Il governatore Tumbo ha detto che questa e un’altra serie di fatti sono stati denunciati nel corso dell’udienza alla presenza di diverse organizzazioni sociali, di organizzazioni che si occupano di diritti umani, delle comunità internazionale e della società in generale. “Abbiamo lasciato un precedente e soprattutto abbiamo richiesto il diritto e il rispetto della vita e che ci lascino vivere in pace nei nostri territori”, ha espresso.
Il governatore Tumbo ha spiegato che è necessario puntualizzare ancora alcuni compiti. “Ci sono dei mandati del popolo e delle organizzazioni indigene che devono essere portati a compimento, come la liberazione della madre terra che stiamo portando avanti nel nord del Cauca e in altre zone del dipartimento. Un altro mandato e un compito di questa pubblica udienza è l’unione e la coordinazione con altri settori per proseguire la lotta. La violazione dei diritti umani non riguarda soltanto le comunità indigene, ma anche le comunità contadine, afrocolombiane, e diverse organizzazioni sociali. Abbiamo accertato che la politica di Sicurezza Democratica è per noi una politica di morte e quindi lotteremo insieme a loro. Ci saranno dei tavoli di concertazione tra le organizzazioni sociali. L’orizzonte è unico, nonostante le numerose differenze. Questo è quello che puntualizzeremo per resistere uniti con altri settori come, tra gli altri, il magistero, i lavoratori della canna dello zuchero, le comunità negre e contadine e la chiesa e in questo modo renderemo operativi i compiti che restano come conclusione di questa udienza”.
Il governatore ha puntualizzato che da questo momento in avanti il Consiglio Regionale Indigeno del Cauca, l’Autorità Nazionale del Governo Indigeno, l’Associazione dei Cabildos Indigeni del Nord del Cauca, i senatori della repubblica indipendenti e altre organizzazioni di base si assumono il compoito di riunirsi molto presto per tirare le conclusioni dell’udienza e portarle davanti non solo alle Corti nazionali, ma anche ai Tribunali Internazionali che hanno a che fare con tutto ciò che le comunità hanno denunciato nel corso dell’udienza.
sabato 5 luglio 2008
Lettera al Vicepresidente de Colombia per agressioni contro la Comunità di Pace di San Josè de Apartadò
Rete Italiana di Solidarietà con le Comunità di Pace Colombiane
Colombia Vive! Onlus
Narni, 5 de julio de 2008
Doctor
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de Colombia
Carrera 8 N° 7-26 – Palacio de Nariño
Bogotà, Colombia
fsantos@presidencia.gov.co
buzon1@presidencia.gov.co
fax. 00 5714442158 – 00571 4442122/45
Respetuoso saludo.
De nuevo señor Vicepresidente, nos llegan noticias preocupantes sobre amenazas y hechos de estigmatizaciòn contra la Comunidad de Paz de San Josè de Apartadò.
Entre los hechos denunciados, se destacan las amenazas contra miembros de la Comunidad de Paz por parte del Ejèrcito, registradas durante los dìas 1 y 2 de julio en las veredas La Esperanza y Mulatos respectivamente; el recorrido que un grupo de 100 paramilitares, dotados con camuflados y armas largas, llevò a cabo por las veredas Rodozalì, La Hoz, Mulatos y La Esperanza durante los dìas 19 y 20 de junio, anunciando la futura realizaciòn de retenes y asesinatos selectivos y la consignaciòn de un carnet con el cual los labriegos podrian evitar ser objeto de control por parte de la Fuerza Pùblica, igualmente invitaron a los campesinos a establecer cultivos ilìcitos de coca; el dìa 13 de junio, miembros del Ejèrcito hicieron presencia en la vereda La Uniòn, donde dañaron los cultivos de cacao de dos miembros de la Comunidad de Paz, reiterando los pronòsticos de exterminio contra esta comunidad campesina.
Insistimos señor Vicepresidente en nuestra solicitud de intervenciòn para que las amenazas y agresiones contra la Comunidad de Paz por parte de miembros de la Fuerza Pùblica no se sigan repitiendo, para que se neutralice el operar de los grupos paramilitares que continùan atentando contra las organizaciones sociales de la zona y promoviendo el cultivo ilìcito de la coca y para que cesen las acciones de estigmatizaciòn contra esta digna experiencia de resistencia civil noviolenta a la guerra y al desplazamiento forzado.
El proyecto de vida adelantado por la Comunidad de Paz de San Josè de Apartadò, hoy màs que nunca constituye un ejemplo esperanzador que demuestra que aùn en contextos tremendamente complejos como el del conflicto armado en Urabà, la fuerza de la organizaciòn, noviolencia y solidaridad comunitaria, representa una alternativa vàlida a los autoritarismos y la barbarie de los actores armados que se confrontan en el territorio.
Agradecemos su atenciòn y esperamos del gobierno colombiano una intervensiòn efectiva que evite la repeticiòn de estos hechos o la realizaciòn de otras agresiones contra la Comunidad de Paz de San Josè de Apartadò.
Atentamente,
Dr. Andrea Proietti
Presidente Rete Ialiana di Solidarietà Colombia Vive!
Con copia a:
• Director Programa Presidencial de DD.HH. y DIH, Dr. Carlos Franco Echevarria
• Fiscal General de la Nación, Dr. Mario Iguarán
• Procurador General de la Naciòn , Dr. Edgardo Josè Maya Villazòn
• Defensor Nacional del Pueblo, Dr. Volmar Antonio Pèrez Ortiz
• Embajada de Colombia en Roma , S.E. Embajador Dr. Sabas Pretelt de la Vega
• Embajada Italiana en Bogotà, S.E. Embajador Dr. Antonio Tarelli
• Jefe de la Delegacion de la Comision Europea para Colombia y Ecuador, Dr. Fernando Cardesa Garcia.
• Representante para Colombia del Alto Comisario ONU por los Derechos Humanos Sr. Juan Pablo Corlazzoli.
Colombia Vive! Onlus
Narni, 5 de julio de 2008
Doctor
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de Colombia
Carrera 8 N° 7-26 – Palacio de Nariño
Bogotà, Colombia
fsantos@presidencia.gov.co
buzon1@presidencia.gov.co
fax. 00 5714442158 – 00571 4442122/45
Respetuoso saludo.
De nuevo señor Vicepresidente, nos llegan noticias preocupantes sobre amenazas y hechos de estigmatizaciòn contra la Comunidad de Paz de San Josè de Apartadò.
Entre los hechos denunciados, se destacan las amenazas contra miembros de la Comunidad de Paz por parte del Ejèrcito, registradas durante los dìas 1 y 2 de julio en las veredas La Esperanza y Mulatos respectivamente; el recorrido que un grupo de 100 paramilitares, dotados con camuflados y armas largas, llevò a cabo por las veredas Rodozalì, La Hoz, Mulatos y La Esperanza durante los dìas 19 y 20 de junio, anunciando la futura realizaciòn de retenes y asesinatos selectivos y la consignaciòn de un carnet con el cual los labriegos podrian evitar ser objeto de control por parte de la Fuerza Pùblica, igualmente invitaron a los campesinos a establecer cultivos ilìcitos de coca; el dìa 13 de junio, miembros del Ejèrcito hicieron presencia en la vereda La Uniòn, donde dañaron los cultivos de cacao de dos miembros de la Comunidad de Paz, reiterando los pronòsticos de exterminio contra esta comunidad campesina.
Insistimos señor Vicepresidente en nuestra solicitud de intervenciòn para que las amenazas y agresiones contra la Comunidad de Paz por parte de miembros de la Fuerza Pùblica no se sigan repitiendo, para que se neutralice el operar de los grupos paramilitares que continùan atentando contra las organizaciones sociales de la zona y promoviendo el cultivo ilìcito de la coca y para que cesen las acciones de estigmatizaciòn contra esta digna experiencia de resistencia civil noviolenta a la guerra y al desplazamiento forzado.
El proyecto de vida adelantado por la Comunidad de Paz de San Josè de Apartadò, hoy màs que nunca constituye un ejemplo esperanzador que demuestra que aùn en contextos tremendamente complejos como el del conflicto armado en Urabà, la fuerza de la organizaciòn, noviolencia y solidaridad comunitaria, representa una alternativa vàlida a los autoritarismos y la barbarie de los actores armados que se confrontan en el territorio.
Agradecemos su atenciòn y esperamos del gobierno colombiano una intervensiòn efectiva que evite la repeticiòn de estos hechos o la realizaciòn de otras agresiones contra la Comunidad de Paz de San Josè de Apartadò.
Atentamente,
Dr. Andrea Proietti
Presidente Rete Ialiana di Solidarietà Colombia Vive!
Con copia a:
• Director Programa Presidencial de DD.HH. y DIH, Dr. Carlos Franco Echevarria
• Fiscal General de la Nación, Dr. Mario Iguarán
• Procurador General de la Naciòn , Dr. Edgardo Josè Maya Villazòn
• Defensor Nacional del Pueblo, Dr. Volmar Antonio Pèrez Ortiz
• Embajada de Colombia en Roma , S.E. Embajador Dr. Sabas Pretelt de la Vega
• Embajada Italiana en Bogotà, S.E. Embajador Dr. Antonio Tarelli
• Jefe de la Delegacion de la Comision Europea para Colombia y Ecuador, Dr. Fernando Cardesa Garcia.
• Representante para Colombia del Alto Comisario ONU por los Derechos Humanos Sr. Juan Pablo Corlazzoli.